La excesiva dependencia de la República Dominicana en recursos energéticos extranjeros y la ineficiente distribución eléctrica han debilitado la capacidad de nuestra nación de tener una económica competitiva y fortalecer nuestra seguridad energética.

Las mayores causas de fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo han sido el incremento contundente de la demanda de energía por parte de mercados emergentes y la fragilidad política en regiones con valiosas reservas de combustibles fósiles.

Economías como la de la República Dominicana, donde una alta proporción de los recursos nacionales son utilizados para la importación de combustibles fósiles, se ven limitadas para proveer servicios sociales de calidad e invertir en el futuro de la nación como consecuencia de los altos e inestables precios del petróleo.

Nuestro país destina alrededor de un tercio del presupuesto general de la nación o 35% del total de las divisas anuales para satisfacer sus necesidades energéticas; y en el 2008, año en el cual el precio del petróleo llegó a US$140 por barril, el gobierno se vio en la obligación de proveer subsidios al sector eléctrico por valor de US$1 billón.

En adición a este marco de inseguridad energética y social, la ineficiencia que aqueja el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica genera pérdidas técnicas y no técnicas de US$500 millones anuales. Más preocupante es que pese a la alta disposición de divisas para la importación de combustibles, la eficiencia del servicio energético no logra alcanzar siquiera el 60% de la población dominicana.

También los efectos climáticos del vasto uso de combustibles fósiles amenazan las industrias del turismo y la agricultura ya que se predicen desequilibrantes elevaciones del nivel del mar, y la intensificación de tormentas tropicales y temporadas de sequía.

Estos problemas requieren que un debate sobre diferentes alternativas para enfrentarlos. Y aquí la Administración Obama nos puede servir de modelo, con el nombramiento de Steven Chu como Secretario de Energía, quien fuera el ganador del Premio Nobel en Física en 1997. El Secretario Chu ya está probando diferentes formas de incrementar la eficiencia energética en Estados Unidos, y reducir el efecto negativo en el medio ambiente, apoyando fuertemente por la mayoría demócrata en el Congreso.

Chu está tomando medidas para explotar el potencial de las energías renovables para revitalizar la red de energía eléctrica y modernizar el sistema de distribución. Estas premisas y la visión de contrarrestar el calentamiento global han llevado a Chu a comprometerse a destinar US$3.9 billones a la consolidación de una “red inteligente de energía eléctrica” en Estados Unidos el cual permitiría la transmisión de energía solar y eólica a las ciudades.

En nuestro país, de acuerdo a proyecciones de la organización Romana Sostenible, mientras la demanda total de electricidad en nuestro país era alrededor de 13,500 GW-hrs en 2007, para el año 2030 los dominicanos demandarán un total de 25,000 GW-hrs. No obstante, estudios proveen que para este mismo año la utilización de energías renovables puede ahorrarles a los dominicanos un total de US$37 billones.

Corregir la ineficiente transmisión y distribución en la actual red eléctrica es fundamental para satisfacer la creciente demanda, pero será indispensable que se incorporen rápidamente a la red eléctrica nacional fuentes alternas de energía como la eólica, solar o fotovoltaica, geotermal, biomasa e hidroeléctrica, las cuales además nos permiten combatir el cambio climático.

La naturaleza de los problemas aquí descritos como retos al desarrollo óptimo de nuestro país sitúa al sector energía en el centro de la agenda política y socioeconómica de la República Dominicana. Así, en las últimas semanas, hemos visto fuertes enfrentamientos entre el sector privado y el gobierno sobre la solución de este problema, que afecta la competitividad del país, el bienestar de la población, que tiene que enfrentar crecientes y más largos apagones.

A su vez, el problema energético, la falta de reglas claras y la debilidad en hacerlas cumplir, afectan la seguridad jurídica general del país. Afectan el necesario imperio de la ley que necesitamos para fomentar las inversiones, nacionales y extranjeras, de suma importancia para seguir fomentando el desarrollo económico de nuestro país y la generación de empleo.

Resolver la crisis energética, a través de un marco regulatorio claro, mayor participación del sector privado, y un estado con capacidad de hacer cumplir la ley, de premiar y penalizar el libre mercado, como en los países más desarrollados, es uno de los temas más urgentes que tenemos que enfrentar como país. Todos los dirigentes somos responsables de promoverlo.

El autor es diputado del Distrito Nacional.